Sistemas de elevación Barduva, fiabilidad y comodidad para toda clase de edificios

En 1968, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson promulgó la Ley de Barreras Arquitectónicas (Architectural Barriers Act), uno de los primeros esfuerzos para que ciertos edificios e instalaciones fueran construidos con fondos federales y asegurar así la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Esta noción de “derecho a la ciudad” está estrechamente ligada a la idea de “ciudades para todos” e introduce el postulado de la accesibilidad universal que, mediante un “diseño universal”, genera espacios y productos para satisfacer las necesidades del mayor número posible de personas.

Así como el diseño de los entornos y espacios en los que nos movemos puede obstaculizar o fomentar la interacción social, también puede segregar o generar formas de inclusión para las personas que padecen de algún tipo de discapacidad, con su consiguiente impacto físico, económico o social.

La exclusión puede limitar el acceso de las personas a una educación y salud adecuadas, su inserción en el mercado laboral e incluso su participación en la vida cívica. Por el contrario, un diseño universal que promueva un entorno inclusivo permite que todos los ciudadanos se desplacen de manera libre y autónoma, contribuyendo indirectamente a mejorar la calidad de vida de terceros.

Al nombrar el término accesibilidad, en la mayoría de los casos se relaciona a personas con movilidad reducida. Sin embargo, hay que tener una visión más amplia del término, ya que es un derecho de todos disfrutar de un entorno accesible, para que los ciudadanos puedan hacer uso de los servicios y productos de manera autónoma, independientemente de su condición física. A tal fin, la arquitectura debe plantear el entorno de ciudades y edificios desde la concepción de un diseño para todos.